La defensa en casos de desahucios es clave para una buena gestión de estos asuntos. En este escenario los abogados son decisivos de cara a esas personas vulnerables que se encuentran en una situación limite, como pueda ser el perder su vivienda, tanto a nivel legal como de apoyo personal para estos colectivos al borde de la exclusión.
Dada la situación actual, y a consecuencia de la dura y compleja realidad social y económica, se han producido en los últimos años un considerable número de desahucio personas vulnerables. De hecho, por todas las administraciones públicas se han desarrollado planes de actuación para poder atender a tales situaciones.
De las misma forma, y en muchos casos sin que exista alguna relación con las situaciones de extrema necesidad, se han dado lugar a algunos fenómenos de ocupación ilegal de forma completamente premeditada y con fines lucrativos, aprovechándose de forma condenable de la necesidad de las personas y familias vulnerables, y que se han amparado en la alta sensibilidad por parte de la sociedad para disfrazar estas acciones ilegales por diferentes motivaciones, y prácticamente en ningún caso atendiendo a casos de extrema necesidad.
EL CÓDIGO CIVIL Y EL DESALOJO DE LA OCUPACIÓN
Por otro lado, ninguna de las vías legales disponibles dispuestas en el Código Civil para procurar el desalojo de la ocupación por la fuerza de los inmuebles resulta plenamente satisfactoria, y en muchos de los casos la situación en el tiempo se alarga y demora extraordinariamente, con los consiguientes prejuicios de los legítimos poseedores de la vivienda, que en muchos casos también viven con una difícil situación personal o económica dadas las excepcionales circunstancias actuales en las que estamos viviendo.
RECUPERACIÓN DE LA VIVIENDA DE FORMA INMEDIATA
De hecho, actualmente la recuperación de forma inmediata por parte del propietario de su inmueble, junto con los derechos legítimos a los que es adscrita dicha posesión ni siquiera es simple o rápida a través de la vía civil, dado que tampoco cuenta con la protección suficiente de la función social que han de cumplir las viviendas, ya sean las adquiridas de forma privada como las que son adquiridas a través de organismos u administraciones públicas, para que éstas sean gestionadas en beneficio de las familias y personas vulnerables; dado que, especialmente en grandes núcleos urbanos gran parte de estas viviendas se hallan ocupadas de forma ilegal.
¿QUÉ DICEN LAS LEYES DEL DESAHUCIO EXPRESS?
Es por ello que las leyes, y recientemente gracias a las modificaciones realizadas a la Ley 20/2011 del 21 de julio del Registro Civil y que entraron en vigor a finales de junio de 2020, el desahucio express es un procedimiento que permite al propietario de un inmueble reclamar su desalojo y devolución.
Este procedimiento tiene lugar en los órganos de la justicia pertinentes, ya que estos deben ordenar a las fuerzas del orden y cuerpos de seguridad que realicen acciones que garanticen la efectividad del desalojo.
Hemos de tener en cuenta que, dadas las circunstancias actuales, en muchos casos se cuenta con un procedimiento de desahucio por precario, una situación de se comprende por la cesión del inmueble sin contrato por parte del propietario, que puede ser consentido en el caso de las cesiones (por ejemplo un familiar que le cede el uso del inmueble a otro familiar) o no (como conocemos actualmentes las situaciones de okupación), y que podría alargarse hasta un año.
PUEDE RESULTAR UN UN PROCESO COMPLEJO SI NO SE ATAJA CORRECTAMENTE
En cualquiera de estos casos, tratar de desalojar la vivienda puede resultar un proceso complejo, sobre todo si la persona o familia que habita en la vivienda cuenta con una estrategia de defensa, o incluso tiene hijos menores viviendo en el inmueble. No obstante, gracias a la regulación actual es posible desahuciar la vivienda en periodos de seis meses, dependiendo de las circunstancias de cada caso, y gracias ahora a las medidas de protección que se han facilitado a través de la ley para el habitante de la vivienda, sobre todo para proteger y regular la realización de desalojos masivos y/o abusivos.
